Salud laboral

El gobierno acaba de enviar a Bruselas el Programa Nacional de Reformas para 2014, por el cual anuncia a Europa la inminente aprobación del Real Decreto de Gestión y Control de la Incapacidad Temporal y de la nueva Ley de Mutuas. En dicho Plan, el Ejecutivo de Rajoy afirma que las nuevas competencias de las Mutuas en materia de Incapacidad Temporal por Enfermedad Común supondrán un ahorro para la Seguridad Social de 277 millones de euros, principalmente por acortamiento de las bajas.

Con el argumento de racionalizar la gestión de la de la Incapacidad Temporal (IT), las Mutuas podrán proponer el alta en Enfermedad Común desde el primer día de baja. Es decir los usuarios y médicos del sistema público de salud somos unos defraudadores y la única solución frente a esto es la privatización de un número cada vez mayor de competencias, en este caso utilizando a las Mutuas.

Pero el objetivo de estas medidas no es sólo contentar a Bruselas, sino también a la patronal que no se cansa de hablar de los supuestos elevados niveles de absentismo y de la necesidad de que la Seguridad Social gaste menos en prestaciones de Incapacidad Temporal. Disminuir los costes de la Seguridad Social genera los argumentos para después pedir la reducción de las cotizaciones sociales que pagan los empresas por sus asalariados.

Las aportaciones a la Seguridad Social de empresarios y trabajadores son uno de los pilares de nuestro Estado de Bienestar. Con ellas se pagan las jubilaciones, las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente, viudedad y orfandad, etc… Si las cotizaciones sociales bajan nuestro estado de bienestar adelgaza. El Ejecutivo que parece asumir esto como algo natural e inexorable, ya recortó las pensiones de jubilación y ahora ataca a las prestaciones de incapacidad temporal, que son las que garantizan la protección de la salud y la posibilidad de recuperación de los trabajadores y trabajadoras impedidos para el trabajo.

Bajan las cuotas empresariales a la Seguridad Social: La Tarifa Plana

Así las cosas y con la excusa de reducir el desempleo, el Gobierno acaba de aprobar una importante rebaja de las cotizaciones sociales, la llamada tarifa plana, eso sí solo de la cuota empresarial. La bajada de momento queda limitada a los nuevos contratos de carácter indefinido, para los que comporta un ahorro importante, y por tanto una merma para la Seguridad Social.

El Gobierno podría haber optado, como suele ser habitual, por una rebaja en forma de bonificaciones sobre las cuotas, con lo que sería el Servicio Público de Empleo Estatal quien asumiría el coste. Sin embargo ha preferido que sea sobre las arcas de la Seguridad Social sobre las que repercuta la medida, lo que ha generado dudas incluso en la Comisión Europea y el BCE.

Las personas con este tipo de contrato no van a ver rebajadas las cuantías de sus pensiones ni de sus prestaciones de incapacidad temporal, de momento, el problema es la sostenibilidad de medidas cómo está en el medio y largo plazo.

Privatización encubierta del Sistema Nacional de Salud

La nueva Ley de Mutuas además de reducir la duración de las bajas, también va a repercutir en nuestro modelo de Sanidad Pública. Mientras que la asistencia sanitaria por accidente de trabajo y enfermedad profesional se financia mediante las cotizaciones sociales por contingencias profesionales, la asistencia sanitaria por enfermedad común se paga a través de los impuestos. Esto viene siendo así porque hasta hace poco se entendía esta asistencia sanitaria como derecho universal: cada cual aporta según sus posibilidades y recibe según sus necesidades.

Recientemente se aprobó el Real Decreto-Ley 16/2012, por el que se excluyó a numerosos colectivos del sistema sanitario, dejando así de ser universal, y la ley de Mutuas puede ser el instrumento para el paso definitivo a un sistema dual de sanidad (con atención diferenciada en función de si se está asegurado o no), por el que se rompa definitivamente el principio de igualdad en la asistencia sanitaria.

La fórmula es que las Mutuas podrán adelantar asistencias, tratamientos o pruebas, a los trabajadores que tengan asegurados cuando éstos se encuentren de baja por enfermedad común, en aras de su pronta recuperación y de la disminución del gasto en prestaciones de IT.

El problema es que el que va a asumir el coste es el Sistema Nacional de Salud, que pagará a las Mutuas por estas asistencias por las que hasta ahora no recibían más beneficio que el acortamiento de las bajas. Es decir con el dinero de los impuestos de todos, los que sean trabajadores en activo tendrán una asistencia sanitaria con menos esperas y más medios que parados, jubilados, estudiantes etc. cuya pronta recuperación parece no interesar a las autoridades.

Por todo ello desde la USO pedimos la retirada del Anteproyecto de Ley de Mutuas y del Real Decreto de Gestión y Control de la IT, que además de poner en riesgo la recuperación de trabajadores y trabajadoras ante los problemas de salud que puedan sufrir, otorgan a entidades privadas competencias que sólo debe tener el Sistema Público de Salud.